A 40 años de la nacionalización petrolera – Comentarios –

Estimado Jose Ignacio:

Antes que nada te felicito por el artículo que publicaste recientemente en Prodavinci a propósito de los 40 años de la Nacionalización -- , y más aún, por la oportunidad que abres, no sólo con éste sino con todos tus artículos, para la reflexión y el debate en torno a temas fundamentales de política pública. Creo que el momento no puede ser más oportuno. La realidad que vivimos hace evidente y urgente la necesidad de alcanzar consensos sociales fundamentales para poder dar inicio la reconstrucción del país, lo cual exige en primer lugar reconocernos como iguales, aceptar la legitimidad de nuestras diferencias y estar irrevocablemente dispuestos a resolverlas en un ambiente democrático, es decir, a través de la discusión libre, abierta y apasionada pero reglamentada, seria y respetuosa a la vez, de las ideas. Es con este ánimo que paso a hacerte 2 comentarios en torno a las ideas que expresas en tu artículo:

1) La Ley de 1943

En cuanto este punto, quisiera recalcar la enorme trascendencia de la Ley y las razones que explican que el gobierno de Medina lograra lo que los anteriores, habiendo querido y tratado, no habían podido. Me apoyo para ello en dos trabajos a mi juicio fundamentales: “La reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1943: Un impulso hacia la modernización”, de Clemy Machado de Acedo y “The Road to Opec: United States relations with Venezuela, 1910-1976, de Stephen Rabe.

En cuanto a su trascendencia, ambos trabajos evidencian muy claramente cómo la Ley de 1943 sentó las bases para el aumento progresivo e ininterrumpido de la producción petrolera y de la participación fiscal en el negocio, combustibles fundamentales para la impresionante modernización económica, política y social que experimentó el país durante las tres décadas siguientes. Y en cuanto al éxito del gobierno de Medina en lograr lo que sus antecesores no pudieron, dejan ver que el mismo estuvo determinado por la conjunción de tres factores:

a) Cambios drásticos en las condiciones externas. Desde los tiempos de Gómez, tal como argumentan los autores ya citados y B.S. McBeth en el trabajo que citas en tu artículo, el Estado venezolano venía luchando por distintos medios por obtener más ingresos, más control, más estabilidad y mayor valor agregado industrial del recurso petrolero (refinación en particular). Hasta entonces, sin embargo, la política de los EEUU había sido la de defender los intereses de las compañías concesionarias norteamericanas operando en territorio venezolano. Es sólo con ocasión de la nueva política del Estado norteamericano hacia América Latina expresada en la política del Buena Vecino, de la importancia estratégica que adquiere el petróleo durante la II Guerra Mundial y de las lecciones derivadas de la Revolución Mexicana de 1938, que los EEUU le dieron a prioridad a la continuidad del suministro de petróleo venezolano y por ende a los ahora entendidos como “justos” reclamos del Estado Venezolano.

b) Cambios internos: la necesidad que se pone de manifiesto con la reacción de la sociedad venezolana a partir de la muerte de Gómez de adaptar el ejercicio del poder a la modernización del país en materia económica, política y social. En efecto, la Ley es objeto de un proceso de consulta y discusión pública nunca antes visto en el país y que incluyó la convocatoria el 17 de enero de 1943 a una concentración de unas 50 mil personas en la Plaza de los Museos donde tomaron la palabra veinte representantes de todos los sectores del país, incluyendo al propio Rómulo Betancourt.

c) La elevada capacidad de negociación mostrada por los representantes del gobierno venezolano –incluyendo al propio Medina- a lo largo del proceso (por razones de espacio remito a los libros ya citados que contienen amplia evidencia de ello).

2) La Nacionalización

Con respecto a este punto tengo diferencias de fondo con la posición que tomas en el artículo. En primer lugar, me atrevería a decir que la finalización anticipada de las concesiones sí fue una decisión acertada e incluso “inevitable” en virtud de las circunstancias.  Evidentemente, los representantes de los partidos políticos más importantes del país apuntaban a una terminación anticipada y ello contaminó con el tiempo la premisa de estabilidad en la relación entre las empresas concesionarias y el Estado Venezolano. En la Convención Nacional del Partido Copei en 1948, por ejemplo, se introdujo la siguiente aspiración: “la incorporación de Venezuela, dentro de las posibilidades de la realidad nacional, al grupo de naciones que maneja directamente su petróleo”. En 1960 la idea de la terminación anticipada de las concesiones tomó mucha mayor fuerza con el anuncio por parte de Pérez Alfonzo de la reanudación de la política de “no más concesiones”, más aún si a ello sumamos la existencia de un discurso político crecientemente nacionalista y de una serie de decisiones orientadas a que el Estado fuese progresivamente adquiriendo capacidades y experiencia para manejar la industria. Como consecuencia de ello, las empresas concesionarias comenzaron lógicamente a dejar de invertir en exploración en el país, a descuidar el mantenimiento de la infraestructura de la industria y a sobreexplotar los pozos con el objeto de sacar mayor cantidad en menos tiempo. Para 1970, la desconfianza reinante entre ambas partes era tal que obligaba prácticamente a la terminación anticipada a favor de un nuevo arreglo, no necesariamente a la nacionalización, claro está, aunque ese era el único arreglo alternativo que se discutía en ese momento.

En segundo lugar, y es esta mi observación más de fondo, no comparto la idea de que haya sido la visión estatista del gobierno de CAP el factor determinante de la “Estatización” de la actividad petrolera. Por el contrario. El gobierno de CAP no lideró la corriente dominante en favor de la “estatización” sino que moderó de manera presiones políticas incluso del mainstream que abogaba por interpretaciones más decididas y radicales. Es en efecto el gobierno el que antes de entregar al Congreso la propuesta de Ley redactada por la Comisión Presidencial de Reversión (nombrada seis meses antes y conformada por representantes de distintos grupos, partidos y sectores sociales) introduce la controversial modificación en el Artículo 5 que abre las puertas a las convenios de asociación con entes privados. La redacción original de la propuesta expresaba claramente en su Exposición de Motivos que “…las actividades reservadas sólo podrán ser ejercidas por el Ejecutivo Nacional , forma tradicional mantenida en nuestras leyes de hidrocarburos, y por entes de la propiedad exclusiva del Estado, creados mediante ley especial.” Y enfatizaba dicha exclusividad al afirmar que “está totalmente descartada la idea de crear empresas mixtas o de participación, para la realización de las actividades reservadas”. Tal y como apunta Luis Lander (en la introducción a la edición especial de abril de 2006 de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales con ocasión de los 30 años de la Nacionalización), la ya mencionada modificación por parte del gobierno de CAP “rompió el amplio consenso que el proyecto original había alcanzado” y ocasionó que la Ley fuese aprobada con el apoyo de los votos de Acción Democrática y de la Cruzada Cívica Nacionalista y el rechazo de todas las otras bancadas parlamentarias. En su famosa intervención al iniciarse la discusión de la Ley de Nacionalización Petrolera, el ex Presidente Rafael Caldera en su condición de Senador Vitalicio atacó duramente la modificación del Artículo 5 y concluye advirtiendo que “… el apoyo que se necesita es un apoyo entusiasta, decidido, caluroso, y enajenarse la voluntad y el respaldo de los sectores que más fervorosamente están con la nacionalización, a cambio de un tímido apoyo de quienes admiten la posición cautelosa del gobierno ante un peligro que se va a correr, no sé hasta qué punto puede resultar ventajoso” (para mayores detalles, ver su libro “La Nacionalización del Petróleo”).

Al día siguiente de la aprobación de la Ley de Nacionalización se crea por decreto Petróleos de Venezuela S.A. como holding de empresas filiales en un esquema a todas luces conservador, que privilegiaba la continuidad operativa y la preservación de la cultura organizacional del profesionalismo de cada una de las empresas, así como minimizar la injerencia del Ejecutivo y del resto de los poderes en el manejo de la industria.

Disculpa lo largo de este comentario y de nuevo felicitaciones por el artículo y por crear un espacio para discutir públicamente este y otros temas de política pública.

Un fuerte abrazo,

Ricardo

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